El error de los independentistas fue creer que desafiaban a un Gobierno y no a un Estado. El Supremo está hoy al frente de él y no atiende a conveniencias políticas.

Espoleados por las multitudinarias Diadas y la pujanza emocional del movimiento independentista, los líderes de los partidos soberanistas vieron llegada la hora de poner en jaque al Estado español. Un somero repaso de sus declaraciones durante todo el procés, evidencia que la mayoría independentista estaba plenamente convencida de que el Estado español era un cuerpo sumamente débil al que un empujón serio y contundente dejaría noqueado. No eran los únicos que pensaban así.

Los libros de Historia están llenos de reflexiones y estudios acerca de la -presunta- fragilidad del Estado español. En los últimos compases del drama catalán, sin embargo, podríamos parafrasear al poeta Jaime Gil de Biedma en su más célebre máxima sobre la vida. “Que el Estado español iba en serio, los independentistas lo han empezado a comprender más tarde”. Puede que demasiado tarde.

El error de los políticos que han conducido a Cataluña al caos institucional fue confundir Estado con Gobierno, Madrid con Moncloa y debilidad de los partidos nacionales -diezmados por la crisis de representación que recorre el mundo democrático- con fragilidad de los aparatos del Estado. Según las definiciones clásicas del concepto, el Estado -democrático en este caso- es una estructura que trasciende al poder político, una unidad independiente y permanente que actúa de forma continua, con medios de imposición y coerción propios, dentro de un territorio para salvaguardar el orden vigente, las leyes y la soberanía.

El Estado, contrariamente a lo que han pensado los dirigentes independentistas, no es Pablo Rajoy. Es la Guardia Civil, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, y… el juez Manuel Llarena. El magistrado del Tribunal Supremo se ha convertido en la encarnación del Estado en su combate contra las personas que protagonizaron los presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación del 1-0. El último auto del magistrado por el que mantiene la prisión para el ex conseller Joaquin Forn -a pesar de haber acatado la legalidad y de haber renunciado a su escaño-; y su decisión -adelantada esta semana- de proceder a la próxima inhabilitación de todos los políticos independentistas encausados aun antes de ser juzgados, son un mensaje claro al independentismo catalán de que abandone toda esperanza de salir indemne de sus actuaciones de septiembre y octubre.

El juez Llarena expide autos con razones y argumentaciones jurídicas; pero también políticas, estratégicas y tácticas, con el objetivo de exigir responsabilidades a quienes intentaron quebrar la soberanía o construir un soberano catalán al margen del Estado español. Hasta se permitió interpretar el Reglamento del Parlament. Ahora, el magistrado responde al arrepentimiento de Forn diciendo que no se cree nada. El auto ha causado consternación en la defensa de los encarcelados y estupor entre muchos juristas. Por mucho que su actuación extrañe a la doctrina, Llarena no sólo tiene en sus manos el futuro personal de los encausados, sino también el futuro inmediato de la crisis institucional de Cataluña.

De ello se están dando cuenta los cuatro políticos y activistas encarcelados en Estremera y Soto del Real -Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Forn y Junqueras- cuyas esperanzas de recuperar la libertad antes del juicio se desvanecen conforme pasan los días. Nadie mejor que Oriol Junqueras, líder de ERC, personifica la tragedia del independentismo catalán.

El hombre que hace unos meses aparecía como destinado a tomar las riendas de Cataluña lleva tres meses en una celda y de la actuación del juez se deduce que probablemente será conducido al juicio -cuando se celebre- en un furgón policial y será devuelto desde allí a la cárcel tras una más que previsible condena a quién sabe cuántos años de prisión. Mientras que su partenaire de procès no sólo vive libre en Bruselas, sino que su exigencia de ser elegido presidente de la Generalitat parte por el eje su posibilidad de abandonar Estremera.

Llarena lo ha dejado claro en su auto sobre Forn, en el que además para negar su libertad se nutre de las declaraciones de los ex consellers destituidos. Según reconocieron ante el juez, Puigdemont les echó del Govern por rechazar la independencia unilateral de Cataluña. Utilizando una expresión del propio juez, no cabe más “sugerente paradoja”. Los ex consellers colaborando a que sus colegas de gabinete sigan en la cárcel.

Cabe preguntarse si los encarcelados hubieran actuado igual de saber que les esperaba la cárcel. Preguntarse si Jordi Cuixart se hubiera subido al coche de la Guardia Civil con la misma alegría y despreocupación el 21 de septiembre para dirigirse a la multitud mientras era registrada la Consellería de Economía. O si Forn hubiera ordenado a los Mossos desobedecer las resoluciones para la celebración del 1-0.

Antes de los tumultuosos acontecimientos del otoño, del referéndum ilegal y de la declaración de independencia, la mayoría soberanista del Parlament había tomado ya muchas decisiones -declaración de soberanía, leyes de desconexión, el 9-N- sin consecuencias penales para nadie. La organización del 9-N se saldó únicamente con penas de multa e inhabilitación para Artur Mas y Francesc Homs. Tal vez creyeron que podían seguir apretando las tuercas al Estado.

Tras las elecciones del 21-D, la política catalana ha encallado en un laberinto que nadie sabe si culminará en la investidura de un presidente independentista o en unas nuevas elecciones. Los mensajes de Puigdmont desvelados por Ana Rosa Quintana en los que se daba por finiquitado políticamente tras ser traicionado por ERC han sido un giro para el espectáculo que protagoniza el ex presidente huido.

Pero por debajo de la espuma de los días y de las piruetas de Puigdemont, lo único cierto, rotundo, tajante y categórico es que el juez Llarena sigue con su instrucción hacia el juicio y que la clase dirigente catalana vive bajo la amenaza de duras penas de cárcel. Ésta es una realidad que trasciende a las conveniencias políticas de los partidos españoles y también al rechazo que produce en muchos ciudadanos el encarcelamiento de los políticos independentistas.

Sus autos indican que se ha independizado de cualquier otro poder, asumiendo la defensa del Estado con total amplitud de criterio. Tal y como declaró a este periódico el profesor José Luis Villacañas, “España siempre fue más Estado que Nación”.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here