La Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos, tiene la última palabra

El Gobierno ha ejercido su derecho de veto sobre la iniciativa del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica por su incidencia en las cuentas del Estado. En un escrito remitido al Congreso de los Diputados en el límite del plazo, el Ejecutivo estima que la aplicación de la propuesta supondría un incremento de los créditos presupuestarios de más de 214 millones de euros. Ahora tendrá que ser la Mesa del Congreso, en la que el PP y Ciudadanos tienen la mayoría, la que valide o no este veto.

La iniciativa de los socialistas, que fue registrada a principios de diciembre de 2017, promovía la nulidad de los juicios celebrados por el franquismo, abriendo las puertas a los descendientes de las víctimas a reclamaciones de patrimonio. Además, encomienda al Estado la tarea de localizar y exhumar las fosas con los cuerpos de más de 100.000 represaliados, sancionando a las instituciones que no retiren la simbología franquista.

La Ley de Memoria Histórica no cuenta con un presupuesto específico, según reconoció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a finales de diciembre en el Congreso. El pasado 12 de febrero, en una respuesta a los senadores socialistas y bajo el mismo argumento por el que veta la iniciativa, el Gobierno se amparó en la crisis económica para justificar que no concedía ayudas para la localización de víctimas del franquismo ni a las asociaciones de la memoria histórica. Con todo, afirmó que su voluntad es reanudar la concesión de ayudas “tan pronto como se den las circunstancias para ello”.

El texto legislativo del PSOE fue redactado por el secretario de Justicia del partido, Andrés Perelló, en colaboración con entidades memorialistas y juristas como el exjuez Baltasar Garzón y el exfiscal José Antonio Martín Pallín. Perelló ha acusado este jueves al Gobierno de conservar el “ADN del franquismo” por vetar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Memoria Histórica.

El Ejecutivo comunicó su decisión al Congreso este miércoles en aplicación de su prerrogativa constitucional de vetar las iniciativas legislativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. Perelló ha considerado una “falacia” que el veto del Gobierno pueda justificarse por una cuestión económica, ya que su propuesta no dice que las indemnizaciones deban hacerse efectivas en un solo ejercicio presupuestario, como fija la norma, y, de hecho, plantea planes cuatrienales.

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