• A pesar de la similitud de los casos el juez Llarena ha denegado el permiso al candidato de JxCat que la justicia concedió en 1986 al candidato de HB
  • El juez Llarena deniega la libertad de Jordi Sànchez para asistir al pleno de investidura

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido este viernes mantener en prisión al número dos de JuntsxCat, Jordi Sànchez, y le ha denegado el permiso para asistir el próximo lunes 12 de marzo a su investidura en una decisión aparentemente contraria a la que en 1986 la justicia tomó con el preso preventivo Juan Carlos Yoldietarra y diputado de HB que permanecía en la cárcel a la espera de juicio. Entonces se le permitió acudir como candidato al pleno de investidura que finalmente eligió al candidato del PNV José Antonio Ardanza.

¿Pero a qué se debe esta diferencia de criterio? En el auto del juez (página 24) podemos encontrar la respuesta jurídica, basada totalmente en el informe de la Fiscalía presentado unas pocas horas antes en el que se oponía a liberar al candidato. El magistrado pese a reconocer “la similitud de los casos” hace una clara distinción entre los delitos y las causas que motivan la prisión preventiva.

A Yoldi se le imputaba pertenencia a banda armada depósito de armas, “delitos cuya comisión no se favorece en el debate parlamentario para el que se otorgó el permiso”, sentencia Llarena, quien va más allá y asegura que “se trata de comportamientos delictivos que no verían potenciado su riesgo de su reiteración en la eventualidad de que el permiso condujera a un mayoritario apoyo parlamentario a su candidatura”. Es decir, por contraposición, reconoce que el mero hecho de poder llegar a ser investido permitiría a Jordi Sànchez reiterar los delitos que se le imputan.

Por otro lado, el juez recuerda que en el caso de Yoldi, la motivación para laprisión preventiva era el riesgo de fuga, riesgo que se limitaba con “una conducción segura del preso” una vez “asumido el esfuerzo público de implementar” dichas cautelas. Sin embargo, “en relación a Jordi Sánchez, la prisión provisional no reside en razones de orden público, sino en elriesgo de reiteración delictiva”, y estima que una “conducción vigilada” del reo “no aporta la contención precisa para un traslado seguro”, y “menos aún en quien ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley”.

Asume el criterio de la Fiscalía

Llarena asume el criterio de la Fiscalía que en su informe previo señala que los delitos imputados a Sànchez “se realizaron precisamente en el marco institucional y parlamentario, aprovechando el ejercicio de determinados cargos y funciones públicas, entre ellas, las de diputado autonómico”. Por esta razón, el informe considera que volver a las mismas instituciones y al mismo contexto, “aunque fuera episódico”, no descartaría el riesgo de reiteración delictiva que garantiza la prisión provisional, sino que “lo confirman contundentemente”.

Además, el juez relata diversos indicios de delito que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción contra Sànchez y su participación en un concierto de voluntades para conseguir la república en Catalunya fuera de todo cauce legal.

Es intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad

Explica que, aun cuando los encausados nunca hubieran buscado un desafío violento, a partir del 20 de septiembre de 2017 (fecha del asedio a la Consellería de Economía) “hubieron de representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace”.

El Supremo destaca que es “intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión (de Catalunya) desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad”.

Además, el juez afirma que el grupo parlamentario de Junts per Catalunya tiene otros integrantes con los mismos apoyos que Jordi Sànchez para poder postularse a presidente de la Generalitat y sin los riesgos para delinquir que sí que aprecia en él.

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